Los vecinos de Navas de Oro deberán costear integramente la urbanización de sus calles

El alcalde de Navas de Oro, Ladislao González (centro), toma la palabra durante el pleno. | Foto: Gabriel Gómez |

|El Equipo de Gobierno desestimó las 60 alegaciones presentadas por los vecinos |

El voto de calidad del alcalde de Navas de Oro, Ladislao González, fue ayer necesario en el pleno extraordinario para desestimar las 60 alegaciones presentadas por los vecinos y propietarios de la localidad a la Ordenanza Reguladora del Canon de Urbanización. La ausencia en la sesión de la concejala de Cultura, Josefa de Pablos, llevó a González a hacer uso de ese voto de calidad.

La ordenanza del canon, aprobado en el pleno del pasado 13 de agosto, señala que el Ayuntamiento “para financiar la ejecución de una actuación urbanística, puede imponer la prestación de un canon de urbanización a los propietarios a los que correspondan los gastos de urbanización”. La finalidad de este canon es “completar la urbanización de diferentes zonas del municipio de Navas de Oro, en donde los propietarios están obligados a sufragar el presente canon, en virtud del deber urbanístico de urbanizar y costear el pago de la urbanización”. Ese pago se realizará “en función de los módulos y unidades de obra referidos en el proyecto y expediente concreto de cada obra urbanizadora”, según señala la ordenanza.

Un documento que ha suscitado las opiniones contrarias de parte de los vecinos, así como del grupo municipal popular que dio su voto favorable a todas las alegaciones, que fueron presentadas en 10 bloques, pero votadas una a una por la corporación. Una treintena de vecinos asistieron a esta sesión y en algunos momentos manifestaron su opinión discordante con la del Equipo de Gobierno, algo que el alcalde permitió, aunque recordó que solo correspondía a los ediles intervenir en la sesión.

Los dos primeros bloques de alegaciones concentraban el grueso de estas, unas 50, si bien cada bloque utilizó un modelo diferente de documento para alegar. El primero, según señalaron era una petición de información sobre la situación urbanística de los inmuebles propiedad del solicitante, más que una alegación, aunque todas fueron tratadas por igual. Algunos de los documentos hacían referencia a la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la cual según apuntó la concejala de Urbanismo, Ana María Palomo, fue derogada por la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  El segundo bloque señalaba la ausencia de un proyecto de actuación que justifique el pago del canon, a esto el alcalde señaló que el canon no regula una actuación urbanística “sino todo el suelo urbano consolidado” de la localidad.

El resto de bloques de alegaciones, presentadas de manera individual o por dos propietarios, señalaban en su mayoría la falta de información y publicidad del documento y la ausencia de participación vecinal previa  a la redacción de la ordenanza. González explicó que la ordenanza surgió tras la reunión mantenida con los propietarios de la calle Manuel Martín, la falta de consenso le llevó a elaborar la ordenanza “hecha exclusivamente para abrir la opinión del pueblo”. Concluido el plazo de alegaciones apuntó que las aportaciones vecinales han sido “cero”.

Desde el PP su portavoz, Mª Carmen Pinela, señaló que sus alegaciones eran en parte coincidentes con las de los vecinos. Afirmó que no se ha recabado, para elaborar la ordenanza, la opinión de los sujetos potencialmente afectados por la norma. Añadió que a los vecinos de la calle Manuel Martín no se les informó de la ordenanza sino de que se iba a pavimentar esa calle, obra que tendrían que pagar los propietarios lo que señaló era una “presunta prevaricación y abuso de poder”. A su juicio no hay necesidad de este documento al no haber sido demandado por los vecinos, a los que dijeron que además “no se les ha dado ningún tipo de posibilidad de dar su opinión”.

Pinela afirmó que “el alcalde por su condición no puede obligar a los vecinos a realizar un desembolso económico”, máxime apuntó cuando éstos no pueden asumirlo.

Los populares solicitaron la anulación del acuerdo de pleno del 13 de agosto que aprobó la ordenanza del canon, que el alcalde escuche a los vecinos y que justifique la decisión de urbanizar la calle.

González se apoyó en las leyes nacionales y regionales que avalan la ordenanza aprobada. Recordó también que en el caso de la calle Manuel Martín es un vecino el que “exige” esa urbanización. Aseguró que la ordenanza si se ha difundido ya que permanece expuesta en la página web del Ayuntamiento en el apartado de anuncios, también en el apartado de administración electrónica y en el tablón del Ayuntamiento.

El alcalde detalló que se han presentado 60 alegaciones mientras que son 394 los propietarios de suelo urbano consolidado afectados. Añadió que a ellos hay que sumar 185 parcelas de suelo urbanizado no consolidado que están también afectadas. Así afirmó que hay “más gente que quiere que la que no quiere”. Aseguró, por otro lado, que todas las alegaciones tendrán respuesta, ya que el plazo para ello concluye a finales de octubre.

Sobre la calle Manuel Martín explicó que de las 21 parcelas afectadas 11 de los propietarios quieren que se asfalte frente a 10 que han presentado alegaciones.