El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Tomás Marcos, y el alcalde de la villa, Carlos Fraile, ofrecieron ayer una charla informativa pública sobre las plantas de biogás y los proyectos privados que pretenden establecerse en Cuéllar. Fue en la sala del palacio de Pedro I, que se completó de público.
Desde el inicio tanto Marcos como Fraile quisieron dejar claro que no pretendían dar una valoración de estos proyectos ni de las plantas de biogás en general, sino una explicación lo más objetiva posible del funcionamiento de este tipo de instalaciones y de las actuaciones que se han llevado a cabo desde el Ayuntamiento ante los proyectos previstos en el municipio. En este sentido hicieron hincapié en que su intención es que si alguno de estos proyectos finalmente se instala en Cuéllar, lo haga en las mejores condiciones posibles para evitar problemas a los vecinos.
El alcalde informó de que el consistorio llevaba trabajando en este tema desde hace seis años pero sobre todo desde el pasado septiembre, cuando aparecieron en el Boletín Oficial de Castilla y León cuatro proyectos para ubicarse en Cuéllar. Y recordó que el Ayuntamiento tan solo puede dar o denegar la licencia urbanística y que la aprobación depende de la Junta de Castilla y León, ante lo que no puede oponerse.
Ni alcalde ni concejal dieron una opinión personal sobre la instalación de plantas de biogás en el municipio. Pero sí dejaron clara su oposición a las plantas con la tecnología mas básica y con menos garantías. También apuntaron que si existía tanto interés en instalar estas plantas aquí era por dos razones. La primera, la cercanía a un gasoducto, al que verterían gas resultante. La segunda, la existencia de «exceso» de residuos ganaderos y agrícolas en esta zona provenientes de las industrias porcina, avícola y hortofrutícola. Residuos que, a su juicio, si no se tratan adecuadamente pueden suponer un problema medioambiental.
Tras la exposición, en el turno de palabra de los asistentes, fueron mayoritarias las intervenciones contrarias a recibir a estas industrias. Se pusieron ejemplos de mal funcionamiento de plantas —con malos olores y fugas—, que los ponentes se comprometieron a estudiar. Incluso se propuso la recogida de firmas para evitar que se instalasen plantas en Cuéllar. Algo a lo que Carlos Fraile respondió pidiendo no caer en el error de pensar que recoger firmas va a parar necesariamente los proyectos. Puso como ejemplo la de Pinarejos, «que sigue adelante» a pesar de las firmas en contra.
Proyectos en Cuéllar
Las plantas de biometano —explicó Marcos— se pueden distinguir según la tecnología que incorporen. Todas se nutren fundamentalmente de residuos ganaderos y agrícolas, así como de matadero. Estos se tratan para extraer biometano que puede ser usado como biocombustible, inyectar a la red o generar electricidad. Pero se diferencian en los procesos y sobre todo en los productos finales y su destino. Por una parte, las menos avanzadas utilizan balsas abiertas mientras las otras hacen todo el proceso en tanques herméticos. Por otra, las primeras expulsan bio CO2 a la atmósfera y entregan residuos tanto sólidos como líquidos a agricultores para que lo usen a su criterio como fertilizante. Las más avanzadas retienen el bio CO2 para uso industrial, convierten los residuos sólidos en compost y separan los líquidos en fertilizante industrial y en agua apta para el riego.
Hay hasta el momento cuatro proyectos presentados a la Junta para establecerse en Cuéllar. Y, al parecer, un quinto que probablemente esté muy próximo a salir a exposición pública, según Marcos. Los cuatro primeros están presentados por Albio, Biored, Biofrontera y Bioenergy. De ellos, los dos primeros incorporan la tecnología más básica.
Entre todos podrían, según los datos de los proyectos, tratar 723 000 toneladas anuales de residuos, de las cuales 348 000 serían de purines de cerdos. Aunque, según datos recogidos en alguno de los proyectos, esta zona genera más de un millón de toneladas anuales de residuos, desde el Consistorio se pone en duda que haya suficientes para nutrir las cuatro plantas.
Actuaciones de la Alcaldía y la Concejalía
Hasta ahora, el Ayuntamiento ha estudiado los proyectos y presentado alegaciones. Además ha mantenido reuniones tanto con los promotores interesados como con responsables de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Así como encuentros con asociaciones de vecinos y con el Consejo Sectorial de Medio Ambiente.
El gran problema con el que se ha encontrado el Consistorio es que no existe ninguna legislación especifica para regular la instalación de estas empresas, ni comunitaria ni estatal.
Alegaciones
Las alegaciones se han centrado en oponerse a la cercanía entre las plantas previstas, —cuatro en tan solo dos kilómetros— y a la ubicación de las que están cerca de parajes habitados o de ocio como es en este caso Las Lomas. También a las que afectan parajes con flora singular. Por otra parte las relativas al control de olores y prevención de contaminación de suelos y acuíferos.
Para el Consistorio, sería de obligado cumplimiento que existiera un plan de acceso de los vehículos pesados a la planta, incluyendo la conservación de caminos y el impedimento de su paso por el caso urbano. También uno que controle la entrada de residuos y salida de productos, procedencia y destino. Un tercer punto que considera esencial es que las plantas tengan la tecnología más avanzada de tratamiento, que les permita almacenar el bio CO2 y desnitrifícar el líquido resultante.
Para evitar malos olores, deben descargar los residuos en una zona interior estanca y con ventilación filtrada. Aparte debe existir un programa de seguimiento de la emisión de olores que atienda quejas y solucione inmediatamente las incidencias. En este sentido también debe contar con un sistema de detección y reparación de fugas de metano a la atmósfera. La construcción debe minimizar el impacto paisajístico. Y debe existir un aval para que si se cierra la planta el terreno quede como estaba antes de la construcción.
Próximos pasos
Tras recibir las alegaciones, la Junta debe eliminar los datos de los alegantes y remitirlas a los promotores para que puedan corregir el proyecto. El Ayuntamiento tiene constancia de que al menos dos empresas han recibido las alegaciones, que están intentando resolver. Ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para mejorar algunos puntos en sus proyectos.
A continuación la Junta emitirá informes vinculantes a los organismos competentes y un informe al Ayuntamiento. Y tras las audiencias correspondientes con los promotores e interesados redactará una propuesta provisional que después enviará junto a las alegaciones de audiencia a los emisores de los informes. Seguidamente la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo elaborará una resolución definitiva.
Es entonces cuando los interesados pueden impugnar el procedimiento administrativo. Una vez resueltas el promotor puede solicitar al Ayuntamiento la licencia urbanística.
Si la Junta aprueba el proyecto, el Ayuntamiento puede hacer poco al respecto aunque no esté de acuerdo. Si se da el caso, como última opción baraja pedir una modificación de las Normas Urbanísticas del municipio. Normas que también debe aprobar la Junta.
