Los grupos municipales durante el desarrollo del pleno. |Foto: Gabriel Gómez|
Los votos del Equipo de Gobierno municipal abrieron en el pleno el proceso para la contratación de la gestión del Servicio Público de Suministro, en baja, de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales. El acuerdo supone la aprobación de la forma de gestión, de su régimen jurídico e inicio del expediente de contratación.
Los grupos de la oposición, PSOE e IU votaron en contra manifestando su desacuerdo con la adjudicación del servicio y defendiendo la gestión directa del mismo.
Con esta aprobación se abre el expediente para iniciar la licitación y después se concretará el pliego de condiciones, que tiene tres partes: una parte jurídica, que la secretaría municipal tiene ya preparada, una parte técnica, que requiere una revisión y finalmente la parte económica, de la que ya se cuenta con un estudio de explotación y costes en los que se basará el pliego, que incluirá la nueva depuradora, según señaló el alcalde, Jesús García. Asímismo explicó que la gestión no se iniciará hasta que no hayan concluido las obras de la depuradora, cuya puesta en marcha supondrá un coste añadido importante que se situará entre los 20 y los 25 céntimos por metro cúbico. Por otro lado García señaló que una vez adjudicado el servicio se intentará no repercutir ese sobrecoste a los usuarios por lo que el Ayuntamiento tratará de asumirlo directamente en la medida de lo posible.
El edil de IU, Alberto Castaño, señaló que esta adjudicación es una imposición política e ideológica “porque la máxima que defiende este partido (el PP) y la ideología que representa (el neoliberalismo económico), dictan que hay que privatizar todos los servicios públicos”. Una ideología que no trata, según señaló, de mejorar los servicios públicos sino que “todo en este mundo puede ser objeto de negocio y todo puede ser aprovechado para proporcionar beneficios económicos a los empresarios, incluidos los servicios públicos básicos como en este caso es la gestión del servicio público de suministro, en baja, del agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales”, afirmó.
“Este proceso de privatización es una temeridad y una irresponsabilidad por muchos motivos”, señaló Castaño “Este proceso de privatización es una temeridad y una irresponsabilidad por muchos motivos”, señaló Castaño apuntando que es una temeridad porque “no se va a hacer en base a unos estudios serios” ya que el Consistorio carece de estudios comparativos de los dos tipos de gestión y también por el plazo de 15 años más 5 de prórroga por el que se pretende adjudicar el servicio que apuntó será “una losa que van a tener que soportar las siguientes corporaciones municipales”.
Desde el PSOE, Carlos Fraile, recordó que el contrato actual venció hace más de dos años, “y es mucho el dinero público pagado sin contrato en vigor a Aquona”. A su juicio el Ayuntamiento podría asumir el servicio y mejorar la atención al cliente al tiempo que crear nuevos puestos de trabajo. Para el PSOE es una “grave irresponsabilidad” adjudicar el servicio por un periodo de hasta 20 años ya que una eventual reclamación económica del adjudicatario sería de una gran cuantía. Reclamó que el servicio fuera gestionado directamente por el Ayuntamiento y en caso contrario que el periodo de adjudicación no fuera superior a cinco años.
El alcalde subrayó las mejoras de la calidad del agua del municipio y acudo a la oposición de no tener fundamentos para decir que la gestión pública es mejor que la privada. “Vamos a proteger los intereses de los ciudadanos”, afirmó.
