La Guardia Civil, a través del SEPRONA de la Comandancia de Segovia, en colaboración con la Fiscalía Provincial, Juzgado de Cuéllar, Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y Junta de Castilla y León (Medio Ambiente-Caza y Pesca), investiga a una persona física y a una empresa dedicada al tratamiento de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH) por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, tras detectarse un vertido incontrolado de aguas residuales industriales al Dominio Público Hidráulico y al suelo.
La operación, denominada “Ammonium”, se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un posible vertido irregular procedente de la estación depuradora de la industria investigada. Al llegar al lugar, se observó que las instalaciones se encontraban encharcadas por una sustancia espumosa y que uno de los depósitos rebosaba de forma continua, vertiendo directamente al terreno.
Fuera del recinto industrial, en la zona de servidumbre y policía del río Pirón, se localizó un amplio empantanamiento de la misma sustancia sobre un terreno sin impermeabilizar, alcanzando incluso el cauce del río, que en ese momento permanecía seco salvo por el caudal generado por el propio vertido. El agua presentaba una coloración oscura y formaciones de costra, mientras que aguas abajo se apreciaba un tono grisáceo y restos grasientos adheridos a las márgenes.
Ante estos indicios, agentes del SEPRONA y personal de la Confederación Hidrográfica del Duero inspeccionaron el área afectada y tomaron muestras de agua y suelo, que fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y al Laboratorio de Aguas del organismo de Cuenca. Los análisis confirmaron que los parámetros del vertido superaban ampliamente los límites autorizados, acreditándose un riesgo para el medio ambiente y daños graves al Dominio Público Hidráulico.
El Código Penal establece para estos hechos penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial de uno a dos años para el tipo básico; y penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial de uno a tres años en su modalidad agravada.
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