La Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia, aprobaba, en su sesión del 26 de junio, las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para municipios con menos de dos mil habitantes y entidades locales menores dependientes de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Segovia, para la adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos. Y para ello, la Diputación destina un importe total de 148.000 euros a la convocatoria.
El objetivo de esta iniciativa es la financiación de la adquisición e instalación de este tipo de dispositivos, así como brindar la formación necesaria para su uso, que también forma parte de los gastos subvencionables. El plazo para la presentación de solicitudes es de quince naturales a contar desde la aparición de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que se ha producido este 2 de julio. La resolución de la convocatoria se realizará en el plazo máximo de un mes a partir de ese fin del periodo de presentación de instancias, mientras que el plazo para la justificación de las ayudas finalizará el 30 de septiembre.
La cuantía total de la subvención para cada una de las solicitudes beneficiarias será del cien por cien del gasto subvencionable, que tendrán que haber sido pagados dentro del periodo contemplado (del 1 de enero al 15 de septiembre de 2025), aunque no podrá superar en caso alguno el montante de dos mil euros. Además, solo se puede presentar una solicitud única por municipio. Las bases se pueden consultar también en la página web de la Diputación de Segovia.
Esta convocatoria responde a la Orden de 20 de diciembre de 2024, emitida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, por la que se concede una subvención directa a la Diputación de Segovia para financiar la dotación de desfibriladores. Según las bases aprobadas por la institución provincial, la instalación se debe llevar a cabo en un espacio visible, señalizado y accesible en edificios públicos de máxima afluencia. Así se pretende mejorar las condiciones de respuesta en caso de accidente cardiovascular o cerebrovascular, en particular y preferentemente en el ámbito laboral, pero con efectos que se extienden igualmente a toda la población del municipio en cuestión, de modo que se avanzará en la reducción de los efectos de la siniestralidad laboral en el medio rural.
Entre los criterios de valoración se incluye la concesión de mayor puntuación a los municipios más pequeños y también obtendrán puntuación extra aquellas entidades locales que aún no cuenten con dispositivo alguno en el registro que maneja el Gobierno regional a 1 de enero de 2025.
Por otro lado, la solicitud de la ayuda deberá ir acompañada del presupuesto para la adquisición e instalación y presupuesto para la formación necesaria para el uso, que debe ser impartida por una empresa o profesional habilitado para ello.
