|Por Juan Manuel Palomares Herranz|

Probablemente la sensación general, la percepción de la gente corriente, de los ciudadanos de este país, de los habitantes de multitud de pueblos y ciudades; de todos aquellos cuyo desconocimiento sobre temas agroalimentarios es limitado, no por ignorancia (faltaría más) sino por otras muchas obligaciones y preocupaciones cotidianas que mantiene sus mentes totalmente ocupadas, sea muy distinta de la realidad. ¿Y a cuento de qué digo esto?, el pasado jueves 26 de marzo de 2015 en Madrid ocurría algo extraordinario, un hecho insólito. Después de unas 2.800 manifestaciones de muy diferente tipo realizadas en esta ciudad durante el pasado 2014, una multitud de unos 5.000 agricultores y ganaderos procedentes de todos los rincones de este país se manifestaban por las calles de la capital convocados por una sola Organización Agraria, a saber, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Lo insólito de este hecho es que tenemos que remontarnos unos seis años atrás si queremos ver algo similar. Cuando numerosos medios de comunicación, las mismas instituciones, cargos representativos del sector agroalimentario, incluso otras organizaciones no veían, en absoluto, motivos ni razones para esta movilización. Los miles de agricultores y ganaderos de este país afiliados a la Unión de Uniones han puesto una vez más en evidencia la precaria y dramática situación que el campo está viviendo por culpa de malas decisiones políticas, cuando no es, simplemente, por falta de decisión política. Porque la caída de un 7,5% de la renta agraria en el pasado 2014, o del casi el 30% en los últimos 12 años SI tiene mucho que ver con decisiones políticas. La falta de control sobre los precios de determinadas materias primas, o el incentivo al aumento de determinados costes (casos del combustible, la energía eléctrica, fertilizantes,…). Sí es una decisión política. El nefasto reparto de las ayudas de la PAC, cuando una buena parte de estos fondos cuyo principal objetivo es mantener y mejorar la renta agraria, ha terminado en manos de titulares que nada tienen que ver con el desarrollo de una actividad agrícola o ganadera (AENA, Ministerio de Defensa, Nestlé, García Carrión o Carrefour…). Sí es una decisión política. La falta del establecimiento de unas reglas claritas de comercialización que consideren los costes de producción como principio para la negociación de contratos. Que el consumidor pague unos precios desorbitados que nada tienen que ver con los precios irrisorios que recibe el productor. Sí es una decisión política. Después algunos (entre ellos la señora ministra) se alarman por la intervención de la CNMC imponiendo multas millonarias a buena parte de la Industria Láctea o de las petroleras de este país por pactar precios. Podemos hablar del famoso TTIP, el veto ruso, royalties de semillas y plantas de vivero, inundaciones, la supertasa láctea,… Suma y sigue, el número de ejemplos que podemos poner nunca ha sido tan numeroso y sin embargo la falta de compromiso y decisión de nuestras instituciones para corresponder con un sector cuyos profesionales pasan un momento agónico, es más que evidente. Falta de compromiso al que también hay que sumar a dirigentes de otras organizaciones agrarias, cuyos intereses puramente personales hacen de sus decisiones una pura farsa de cara a sus representados y al resto de la sociedad.