La Diputación ha vuelto a poner en marcha una convocatoria de subvenciones vinculada al ámbito de la prevención de riesgos laborales en las empresas de la provincia, con el objetivo de facilitar la seguridad y la salud en centros y lugares de trabajo con sede en aquellos municipios que cuentan con una población inferior a los dos mil habitantes.
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del miércoles 22 de abril, la convocatoria ya ha abierto el plazo de presentación de solicitudes, que se extenderá a lo largo de un mes, siendo necesaria su tramitación a través de la Sede Electrónica de la web.
Por medio de esta convocatoria, que cuenta con una dotación presupuestaria de 380.000 euros, la institución provincial pretende seguir contribuyendo con algunos de los principales actores del desarrollo económico del territorio, promoviendo una industria en la que el cuidado de las personas acompañe al cuidado de los procesos y facilitando un empleo productivo y sostenible con unas condiciones laborales óptimas. Así, tal y como establecen las bases de la convocatoria, disponibles en su totalidad en el apartado de ayudas y subvenciones de la página web de la Diputación, las ayudas tendrán como periodo subvencionable del 1 enero de 2026 al 26 de febrero de 2027 y podrán alcanzar el 85% del gasto subvencionable, sin poder superar, no obstante, los 10.000 euros en ningún caso.
Mediante las mismas, las beneficiarias de las ayudas, pertenecientes al sector primario de la provincia en actividades tales como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la explotación forestal, la pesca o la acuicultura, podrán subvencionar tanto la mejora de las condiciones de salud y seguridad referidas a la adquisición o adaptación de maquinaria, los lugares de almacenamiento o los accesos a las instalaciones, como la adquisición e instalación de desfibriladores portátiles semiautomáticos (DESA) e incluso las actividades de formación para su uso.
Finalmente, las ayudas serán concedidas en función a una serie de criterios de valoración que comprenden, entre otros, desde la población con la que cuenta el municipio en el que se desarrolla la actividad hasta la edad o el sexo de quien ostenta la titularidad de la entidad solicitante, pasando por el número de empleados por cuenta ajena.
