Desarrollo de una sesión anterior de la Junta General de la Comunidad de Villa y Tierra. | Foto: Gabriel Gómez |
| La iniciativa ha partido del Ayuntamiento de Olombrada ante la necesidad de que un arquitecto funcionario firme las licencias |
La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar abordó en su Junta General la posibilidad de crear en su plantilla una plaza de arquitecto, con condición de funcionario, para los 36 municipios que la integran. La propuesta surgió del Ayuntamiento de Olombrada que a través de un escrito puso en conocimiento de la Comunidad un problema con el que se encuentran muchos municipios que es la necesidad de contratar los servicios de un arquitecto que después no puede firmar las licencias al no ser funcionario.
El secretario de la Comunidad, Segismundo Estebaranz, expuso que según sus estatutos esta tiene como fin primordial la administración de su patrimonio, aunque se contempla la posibilidad de que su Junta General pueda incluir entre sus fines la prestación de servicios económicos y sociales para sus municipios. Así aseguró que la entidad podría llevar a cabo la propuesta. Informó también de habría dos posibilidades de hacerlo, por un lado a través de una contratación administrativa y por otro creando la plaza en la plantilla como funcionario o personal laboral.
El secretario detalló que al no haber presupuestos generales del Estado no conocen qué plazas pueden crearse, y en caso habría que incluirla en la oferta pública de empleo de la Comunidad y realizar el pertinente proceso de selección por oposición.
La concejala de Olombrada, Laura Muñoz, manifestó que a este problema se enfrentan la mayoría de los ayuntamientos, puesto que pagan los servicios de un arquitecto cuya firma para obtener licencias no es válida si no es funcionario. En el mismo sentido intervino el alcalde de Sanchonuño, Carlos Fuentes, explicando que todos los informes de obras mayores tienen que pasar por el arquitecto de la Diputación provincial, lo que lleva aparejados retrasos y un coste económico.
Desde la Diputación de Valladolid sin embargo no se trabaja igual. Así lo pusieron de manifiesto los representantes de municipios pertenecientes a esa provincia indicando que son los secretarios los que realizan los informes y que estos pasan por la Diputación excepcionalmente. Así el alcalde de Cogeces del Monte, Fernando Velasco, especificó que ellos realizan contratos laborales de obra o servicio con arquitectos y en casos excepcionales se piden informes a la entidad provincial. Ni los informes ni el asesoramiento suponen coste a los ayuntamientos vallisoletanos.
El presidente de la Comunidad de Villa y Tierra y alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, manifestó la necesidad de estudiar cómo se podría articular la prestación del servicio de ese arquitecto a todos los pueblos. Señaló también que hasta que no haya Ley de Presupuestos no podrá decidirse si se crea o no la plaza.
Algunos representantes de municipios no estuvieron de acuerdo con la medida señalando que se duplicarían servicios y reafirmando la dificultad que existiría de prestar el servicio a todos los municipios, especialmente en momentos como en la convocatoria de los planes provinciales. También se barajó la posibilidad de que el arquitecto limitase su trabajo a la emisión de informes sobre licencias urbanísticas, y los municipios continuaran como hasta ahora contratando a arquitectos por obra o servicio para realizar sus proyectos.
Como las diputaciones deben prestar servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, se acordó solicitar formalmente a la Diputación de Segovia la mejora de la prestación de ese servicio de emisión de informes y plantearle que el servicio pueda ser también gratuito como en Valladolid. En la provincia vecina señalaron que cuentan con un equipo de al menos siete arquitectos a disposición de los municipios en la Diputación, mientras que en la de Segovia solo hay uno.
