La Junta de Seguridad de Cuéllar ha acordado hoy que el Ayuntamiento se adhiera al Protocolo de Colaboración para proteger a las víctimas de violencia de género. La decisión se ha tomado en la reunión que se ha celebrado esta mañana a través de videoconferencia, copresidida por la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, y el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile.
En la misma también han participado el teniente coronel de la Guardia Civil, José Luis Ramírez, el jefe de la Policía Local de Cuéllar, Javier Moreno, los concejales de Seguridad y Policía, Tomás Marcos y de Servicios Sociales, Monserrat Sanz, el también concejal David de las Heras y la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Carmen Meléndez.
Esta adhesión al protocolo es «un paso más en la lucha contra la violencia de género», aunque «normalizará una labor continua que ya se estaba realizando de hecho», según ha reconocido la subdelegada del Gobierno.
La iniciativa de adhesión partió de la Subdelegación del Gobierno en Segovia y el consistorio cuellarano la estudió y aprobó por unanimidad durante el pleno del pasado mes de septiembre. El último paso para esta incorporación es la firma entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento, que se producirá en los próximos días, según ha publicado la subdelegación.
Protocolo
El «Protocolo de Colaboración y Coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género» fue suscrito por el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en 2006. Establece criterios de colaboración y coordinación para optimizar los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los municipios para garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género.
En él se fijan criterios como la rapidez de respuesta en situaciones de riesgo, la atención y ayuda a las víctimas o la coordinación de los cuerpos de seguridad tanto con los órganos judiciales como con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas.
