La procuradora socialista Ana Agudíez, defendió en las Cortes una Proposición No de Ley “instando a la Junta a diseñar un plan de actuación en los bienes culturales de nuestra provincia que se encuentran incorporados en la Lista Roja del Patrimonio elaborado por la organización Hispania Nostra, para adoptar las medidas oportunas para superar el deficiente estado de conservación en el que se encuentran en la actualidad”. Entre estos bienes se encuentran la Iglesia de Santa Marina y el Convento de La Trinidad de Cuéllar, y en total son quince en la provincia: el Castillo de Fernan González en Sepúlveda, Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz en Sebúlcor, Ermita de San Benito en Adrados, Ermita románica de San Isidro en Domingo García, Ermita románica de San Miguel en Sacramenia, Ermita de San Miguel de Bernuy, iglesia de San Cristóbal en el Olmillo, iglesia románica de San Millán en Sepúlveda, Monasterio de Nuestra Señora de la Sierra en Collado Hermoso, Monasterio e iglesia de San Martín del Casuar en Montejo de la Vega, Palacio de los Contreras en Laguna de Contreras, Palacio de los Marqueses de Aguilafuente y Palacio del Marqués de Revilla en Navares de la Cuevas. “Cada uno de estos bienes culturales tiene unas características específica, que necesitan ser analizadas y es razonable realizar un plan de intervención que, contando con los recursos económicos de los que se pueda disponer en cada momento, permitan superar el deficiente estado de conservación en el que ahora se encuentran”, afirma la procuradora y alcaldesa de Cabezuela.
Ana Agudíez señaló que “la pérdida de nuestro patrimonio pone barreras a la importante actividad económica del turismo, la hostelería y el comercio de la provincia, sectores fundamentales en la generación de riqueza y empleo en Segovia, aunque el PP en el ejecutivo autonómico no quiera verlo”.
Tras recordar que la Junta tiene las competencias en materia de patrimonio, “de las que hace dejación día a día, de una manera irresponsable nada comprometida con los ciudadanos “, la procuradora socialista argumentó que “con la merma de los inmuebles artísticos desaparece nuestro legado histórico, cultural y social, algo que deberíamos cuidar sobremanera.”
Además insistió en reclamar al PP de la Junta la puesta en marcha del 1 por ciento cultural como obliga la Ley de Patrimonio de Castilla y León del año 2002.
