Un recurso especial presentado el pasado 12 de noviembre a la resolución de adjudicación de las obras del Centro de Salud de Cuéllar ha llevado a la Junta de Castilla y León a dejar en suspenso el procedimiento de contratación.
Esto supondrá un nuevo retraso en la ejecución de una infraestructura sanitaria muy demandada y esperada por los vecinos del municipio desde hace casi dos décadas.
El recurso ha sido interpuesto por la empresa Pradditive IAQ, una ingeniería española especializada en la eficiencia energética.
La compañía señala que el recurso responde a las infracciones técnicas graves de la normativa vigente de eficiencia energética detectadas, en particular del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE, RD 1027/2007) que obliga, desde el RD 178/2021, “a realizar una comparativa técnica, económica y medioambiental de las instalaciones térmicas previstas frente a medidas oficialmente alternativas, de alta eficiencia y disponibles para garantizar instalaciones eficientes”.
Desde la empresa consideran que el proyecto del centro de salud de la villa “no ha cumplido este requisito esencial que ahora es insubsanable y condena a la instalación a elevados costes innecesarios durante toda su vida útil, además de contravenir las Directivas europeas de eficiencia energética”.
“Para nosotros es imprescindible que los proyectos públicos cumplan estrictamente con la normativa en eficiencia energética y calidad del aire interior exigida en el RITE”, apunta Juan Gil, Director General de Pradditive. Así, añade que “este recurso busca corregir un fallo grave, garantizar la transparencia y proteger tanto el interés público como la correcta ejecución de las instalaciones”.
Desde esta empresa confían en que el órgano competente “adopte pronto una resolución que devuelva el expediente a la fase de proyecto para que se subsanen estas infracciones”, y “asegure que la licitación se haga de acuerdo con la ley, los principios de eficiencia energética previstos en las Directivas europeas; de obligado cumplimiento en los mínimos criterios técnicos previstos en la normativa vigente, protegiendo así los recursos públicos y el interés de la sociedad”.
La obra había sido adjudicada a la UTE formada por las empresas Obras y Servicios Gómez Crespo y Hermanos Rubio Grupo Constructor HERCE.
