El interés por los proyectos de biogás en la villa completó el aforo de la sala de la biblioteca Cronista Herrera en la charla informativa organizada por la Plataforma Cuéllar Stop Biogás. Un acto en el que contaron con la presencia del investigador Fernando Valladares, profesor de Investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), divulgador científico y especialista en biodiversidad, sostenibilidad y cambio global. Excusaron la asistencia de Adrián Escudero, Catedrático de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del Instituto de Investigación en Cambio Global.
Ana Espeso, miembro de la plataforma, fue la encargada de abrir el acto presentando la plataforma y el trabajo desarrollado hasta el momento. Así, detalló que pertenecen a ella ya 216 personas y que está integrada en una asociación regional que prepara una querella contra la Junta de Castilla y León por las autorizaciones administrativas concedidas para la instalación de plantas de biogás y biometano.
Manifestó el interés que tienen en parar la instalación de estas plantas, que en la villa actualmente son cuatro proyectos y que se reúnen cada lunes en el centro cultural Santa Clara a las 19.00 horas.
Realidad compleja
Jaime Madrigal, otro de los integrantes de la Plataforma y de la Asociación El Espadañal presentó a Valladares señalando como «un lujo» tenerle en la villa.
Valladares manifestó que se trata de «una realidad compleja» y este es «un tema escabroso con muchos ángulos». Una cuestión que ha pasado de ser una buena idea a un problema.
El científico detalló como el sector privado ve en estas plantas una oportunidad de hacer dinero y cómo detrás de los promotores de estas plantas se encuentran las grandes empresas energéticas.
En Cuéllar dijo que son cuatro las plantas de biogás proyectadas, decenas en la provincia y hasta 270 en España más 21 de biometano. En cuatro o cinco años aseguró que serán 700 y en 2030 o 2035 serán ya 2.000 las instalaciones.
Para Valladares es una buena noticia que dos comunidades autónomas como Castilla la Mancha y Navarra hayan planteado una moratoria a los proyectos de biogás. «Es lo más lógico que se puede hacer», dijo.
Subrayó también la importancia que tienen la subvenciones para la puesta en marcha de estos proyectos, hasta el punto de que «si se pierde la subvención se pierde el interés».
Se detuvo en los problemas de salud que pueden generar estas plantas: cardiovasculares, respiratorios…, contaminación del agua y el suelo; la incidencia sobre la salud del planeta; la afección al valor de las viviendas y el paisaje…
Los riesgos de accidentes de las plantas de biogás también fueron enumerados: peligros de incendio o explosión, biológicos, mecánicos o eléctricos.
Concluyó planteando seis preguntas: quién asume los riesgos, qué beneficio obtiene la ciudadanía afectada, quién paga los sobre costes de seguridad, quién se hace cargo de externalidades, quién repara y mantiene carreteras, caminos… y quién se hace cargo de la infraestructura cuando deje de ser rentable.
