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La Asamblea comarcal de IU presentará un recurso de amparo ante el Constitucional por la sentencia del monolito

Miembros de la Asamblea comarcal junto a Frias y el monolito.
Miembros de la Asamblea comarcal junto a Frias y el monolito.

La Asamblea de Izquierda Unida de la Comarca de Cuéllar manifiesta que acepta la sentencia sobre el monolito homenaje a los represaliados del franquismo “pero no la compartimos”, señalan. Así anuncian que su abogado está preparando ya un  recurso de amparo que presentarán ante el Tribunal Constitucional.

IU no comparte la sentencia, lo que justifica recordando que el decreto de alcaldía nº 149/2014 dice:  “Primero: ceder en precario y de forma gratuita el uso del terreno del dominio público necesario para la  instalación de escultura sobre pedestal en el jardín exterior del castillo de Cuéllar, con las características  referidas, excepto que no se considera adecuada la leyenda propuesta, por lo cual habrá de acordarse una nueva leyenda en reunión de la Comisión Informativa de [blocktext align=”left”]”nosotros al contrario que el Tribunal Superior de Justicia de CyL, entendemos que claramente el decreto de alcaldía se opone a la inclusión de la leyenda…”[/blocktext]Urbanismo, Patrimonio, Comercio, Industria y Turismo de este Ayuntamiento”. ” La sentencia a la que hacemos referencia en este comunicado dice en Fundamentos de Derecho Segundo… por ello como se puede apreciar de la lectura de dicho Decreto, en modo alguno se está  oponiendo el Ayuntamiento, como indica la sentencia a la colocación de la escultura o a que se  recoja una u otra leyenda en la misma, …” señalan añadiendo “nosotros al contrario que el Tribunal Superior de Justicia de CyL, entendemos que claramente  el decreto de alcaldía se opone a la inclusión de la leyenda “A los represaliados del franquismo que cumplieron pena en este Castillo” y no  comprendemos cómo el tribunal no aprecia esa clara oposición”.
“Nos parece una enorme falta de rigor dar la vuelta al sentido de una frase tan sencilla de leer e interpretar, máxime cuando se hace desde un Tribunal Supremo de Justicia”, afirman.  Así señalan que lo que se ha propuesto desde la alcaldía de Cuéllar es una frase del tipo “en memoria a los presos políticos y comunes”.  Añaden que “pretende que se decida una nueva leyenda, de ese tipo, en un órgano en el que tiene mayoría el grupo político del Partido Popular que se opone al homenaje a los Represaliados del Franquismo”.

“¿En qué ley está escrito que se deban hacer homenajes a los presos comunes?. Nosotros no pretendemos homenajear a asesinos, violadores, o cualquier otro delincuente, no lo vamos a hacer”, aseguran.

“Lo que hemos propuesto desde Izquierda Unida es nuestro deseo de rendir homenaje y reconocimiento a todas las personas que por defender la legalidad democrática en España sufrieron la represión del fascismo y habiéndose creado en el año 1938 la “Prisión Central de Cuéllar” en el Castillo de Cuéllar para que en él cumplieran pena personas condenadas por su desafección con el régimen es por lo que hemos elegido un emplazamiento próximo a él para realizarlo”, explican desde la asamblea de IU.

IU señala que con la instalación de la escultura en homenaje a los represaliados del franquismo en el Castillo de Cuéllar “se pretende hacer justicia con todas las personas que lucharon contra el franquismo defendiendo la democracia en la II República Española y durante la dictadura, y cuando decimos hacer justicia estamos hablando de reconocimiento y reparación, en ningún caso de promover actitudes revanchistas”.

“Es inmoral pretender equiparar los detenidos por delitos comunes (como puedan ser violación, asesinato, etc.) con quienes fueron detenidos durante la guerra civil y la dictadura por la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, etc”, apuntan desde la asamblea comarcal.

Así  indican que continúan pensando que la leyenda propuesta por ellos es acorde “a lo aprobado unánimemente por el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002, a lo aprobado por el Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 17 de marzo de 2006, está amparado por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y su ubicación frente al Castillo se fundamenta en la historia del edificio, ya que se habilitó como Prisión en el año 1938 para que en él cumplieran pena personas condenadas por su desafección con el régimen”.

Finalmente señalan que la Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica,en el punto 2 de su artículo único dice “los poderes públicos promoverán y apoyarán la celebración de actos conmemorativos que estimulen la reflexión sobre aquellos hechos y el recuerdo y el reconocimiento de la labor de aquellas personas, asociaciones e instituciones”. “Y tras leer esto nosotros nos preguntamos si un Ayuntamiento o un Tribunal no son poderes públicos”, manifiestan.

Por todo ello afirman que presentarán ese recurso de amparo ante el constitucional.

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