En enero de 2017 la Junta inició la retirada de residuos depositados en tierras de labor. | Foto: Gabriel Gómez |

La magistrada del Juzgado de lo Penal Bis de Segovia ha ordenado la clausura de la planta de compostaje de Fuentepelayo y condenado a su dueño a un año de cárcel. Además obliga a limpiar tanto las instalaciones como las parcelas en las que se depositaron los residuos, y les impone multas e inhabilitación.

La empresa Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales (AGRAMAN) y su administrador único, J. F. C., han sido considerados responsables de un delito contra el medio ambiente de Valorización y Transformación de Residuos, tal y como solicitaba el Ministerio Fiscal.

Además de la fiscalía, como acusación se personaron la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León y el Ayuntamiento de Fuentepelayo, quienes solicitaban que se considerase como delito contra los recursos naturales.

La magistrada considera “sin ningún género de duda que se ha estado realizando una mala gestión de los residuos“, lo que ha supuesto un peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales tanto en las aguas como en el terreno. En primer lugar considera que las filtraciones reiteradas a la Cacera de las Cabras que desemboca en el río Malucas producen un grave riesgo de atrofiación del río.

Así mismo estima que los depósitos de residuos sólidos y líquidos producidos en los terrenos de las parcelas adyacentes a la planta suponen un “riesgo de lixidiación de las aguas subterráneas y de contaminación futura del suelo, además del riesgo biológico que supone la existencia de depósitos de SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano) mal compostados, especialmente, para la fauna silvestre que se acerque al lugar”.

Desde el inicio de su actividad, la empresa ha sido denunciada en varias ocasiones por depositar residuos y líquidos no compostados o compostados de manera deficiente procedentes de la empresa AGRAMAN, en los términos de  Fuentepelayo, Zarzuela del Pinar y Aguilafuente. Los malos olores y el malestar causados en el municipio de Fuentepelayo por la planta llevó a varios vecinos al crear la plataforma ciudadana “No más Mierda”, que enseguida recibió gran apoyo social y político.

 

Denuncias

Ya en 2010, agentes del SEPRONA de la Guardia Civil interceptaron varios vehículos que transportaban SANDACH provenientes de AGRAMAN que no habían sido correctamente limpiados y desinfectados.

Entre diciembre de 2015 y enero de 2016 agentes del SEPRONA y los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería y del Medio Ambiente de la Junta comprobaron que estaba saturada. Además se habían depositado residuos mal compostados tales como de restos de pieles, plumas, caramelos envasados y otros restos identificables así como restos de impurezas forestales sin haber extraído la resina.

La Plataforma Ciudadana “No Más Mierda” interpuso una denuncia el 27 de enero de 2016, aportando fotografías aéreas de las fincas en donde se realizaron los vertidos en Fuentepelayo, Zarzuela del Pinar y Aguilafuente.

Dicha denuncia dio lugar a que agentes se inspeccionaran la planta de compostaje y a otros lugares del término Fuentepelayo y municipios limítrofes.

Así, en enero de 2016 se adoptaran medidas provisionales para impedir la entrada de nuevos residuos y SANDACH en la planta. Además se debían reprocesar las pilas de compostaje de la instalación y retirar y reprocesar el material depositado en los terrenos. Posteriormente se comprobó que los lixiviados habían llegado a la Cacera de las Cabras y de ahí al río Malucas.

La zona ha sido calificada como vulnerable por Decreto. En enero de 2017 comenzó la retirada de residuos depositados en las tierras de labor.

 

Sentencia

La jueza considera al dueño de la empresa responsable del delito medioambiental y le condena a un año de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Además deberá pagar una cuota diaria de seis euros durante doce meses y le inhabilita para el cargo de administrador o gerente en empresas dedicadas a la valorización o transformación de residuos durante 18 meses.

Por otra parte, la empresa AGRAMAN es condenada por el mismo delito a una multa idéntica, clausurar sus locales y las instalaciones por tiempo de dos años. También ha sido inhabilitada por dos años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social

En concepto de responsabilidad civil, J. F. C. y AGRAMAN deberán conjunta y solidariamente y a su costa llevar a cabo las tareas de limpieza necesarias de las parcelas en las que depositaron los residuos y lodos, limpieza de la acequia en la que realizaban el vertido de lixiviados y la gestión y compostaje de la totalidad de los residuos existentes en la planta y en las instalaciones.

Esta sentencia no es firme y los condenados pueden presentar alegación en el plazo de diez días.